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La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es una organización internacional que agrupa a 37 países miembros. Su misión es proveer las mejores prácticas a quienes adoptan las políticas de Estado a fin de mejorar con ello el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo.

La OCDE ofrece a los Estados una instancia donde pueden trabajar conjuntamente para compartir experiencias, buscar soluciones a los problemas comunes, identificar buenas prácticas y coordinar políticas internas e internacionales.

Trabajo OCDE y participación de Chile

Para desarrollar su trabajo, la OCDE trabaja a través de tres instancias: Comités, Consejo y el Secretariado.

Los Comités son la instancia donde se reúnen los técnicos de cada país miembro para trabajar en materias específicas como: economía, comercio, trabajo, gobierno corporativo, educación, medio ambiente, etc. Los comités se dividen, a su vez, en diferentes grupos de trabajo para cubrir todos los departamentos de la OCDE.
El grupo de trabajo lo lidera un bureau compuesto por representantes de los países miembros, sesiona dos veces al año de manera presencial, en reuniones que duran dos días. Ahí se definen las propuestas en las cuales se quiere trabajar para luego pasar a la aprobación del Comité y finalmente a la del Consejo.

El Consejo de la OCDE es el encargado de decidir la dirección estratégica de la organización y aprobar las decisiones y recomendaciones que esta emite. Está formado por un representante de cada país miembro más uno de la Comisión Europea. Una vez al año se realiza la reunión del Consejo con la presencia de los Ministros de Relaciones Exteriores y Hacienda de los países miembros.

El Secretariado es el órgano ejecutivo de la OCDE y apoya el trabajo de los Comités y del Consejo. Llevan a cabo el trabajo de investigación, preparación de documentos y todo lo necesario en respuesta a las prioridades fijadas por el Consejo.

Chile es parte de la OCDE desde el año 2010. Desde ahí, el Ministerio del Exterior, Ministerio de Hacienda y el Sistema de Empresas - SEP participan activamente en representación del Estado de Chile. En el caso del SEP, su participación tiene lugar en el grupo de trabajo de Empresas Estatales y Privatizaciones, que depende del Comité de Gobiernos Corporativos. Este grupo está creado con el fin de hacer frente a los desafíos económicos, sociales y de gobernanza relacionados con las Empresas Estatales.

Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas

Las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas proporciona herramientas para fomentar mercados más justos y competitivos.

A través de una serie de recomendaciones, orienta a los Estados sobre cómo garantizar que las empresas públicas operen con eficiencia y transparencia de modo que se les puedan exigir que rindan cuentas de su actividad y puedan garantizar que sean, al menos, tan responsables ante los ciudadanos como las empresas tranzadas en bolsa deberían serlo ante sus accionistas.

El Estado ejerce la propiedad de las empresas estatales en interés del conjunto de los ciudadanos. Debe evaluar con cautela los objetivos que justifican la propiedad estatal, así como divulgarlos y revisarlos periódicamente.

El Estado debe actuar como propietario informado y activo, velando porque la gobernanza de las empresas estatales se lleve a cabo de forma transparente y responsable, con un alto grado de profesionalidad y eficacia.

En coherencia con las razones que justifican la propiedad estatal, el marco jurídico y regulatorio de las empresas estatales debe garantizar la igualdad de condiciones y la competencia leal en los mercados en los que las empresas del sector público desarrollan actividades económicas.

Cuando en las empresas estatales participen inversores no estatales, el Estado y las empresas, deben reconocer los derechos de todos los accionistas y garantizar un trato equitativo y el acceso igualitario de todos los accionistas a la información corporativa.

La política de propiedad estatal debe reconocer las responsabilidades de las empresas estatales frente a los actores interesados y exigirles que informen sobre sus relaciones con estos. Debe quedar clara cualquier expectativa que el Estado tenga con respecto a la conducta empresarial responsable de las empresas estatales.

Las empresas estatales deben mantener un elevado nivel de transparencia y someterse a las mismas exigencias en materia de contabilidad, publicidad, cumplimiento y auditoría que las empresas que cotizan en bolsa.

Los directorios de las empresas estatales deben contar con la suficiente autoridad, competencias y objetividad para realizar sus funciones de orientación estratégica y supervisión de la gestión. Deben actuar con integridad y asumir la responsabilidad por sus acciones.